A más de una persona, incluso a algunos de los llamados encumbrados del partido de gobierno, le he oído decir que el sucio negocio del narcotráfico permite que directamente la economía nacional se muestre fortalecida. Lógicamente que estos comentarios son hechos, según los pro-gobiernistas “out of record”, y jamás lo admitirán públicamente.

El quehacer político dominicano es muy sucio, muy bajo. Tan bajo como los mismos negocios del llamado “bajo mundo” de las drogas. Por eso no me sorprende que la cúpula gubernamental tenga este concepto y así creer que es más fácil mantenerse en el poder, aunque a un muy elevado precio que ya están pagando nuestros jóvenes atrapado en este vicio.

El negocio, el auge del narcotráfico, no sólo está atrofiando las mentes de sus consumidores, sino que la sociedad está también pagando un alto precio como secuela de este alto consumo en los estratos sociales del país. El elevado grado de hechos delincuenciales ya no es exclusivo de los sectores menos afortunados, sino que hasta en los sectores más pudientes de nuestra sociedad son víctimas de la delincuencia.

Los adictos no dan tregua, ya que tienen que responder a sus necesidades de consumo, razón por la que una sola persona puede cometer un crimen o un delito cada vez que crea es la oportunidad en un mismo día. En vez de disminuir, el cuerpo de un adicto pide más y más consumo de estupefacientes y ante la imposibilidad de conseguir la droga, esta sola persona aumenta sus actos delictivos para satisfacer su vicio.

En todos los países del mundo donde existe un auge incontrolable del narcotráfico, sus secuelas son un alto índice de robos, crímenes, atracos, secuestros y otros delitos. Lo peor del caso es que esos delitos ocurren en todos los sectores, son delitos menores o mayores dependiendo del grado de consumo de estupefacientes de quienes cometen el acto.

En nuestro país, pobre pero con estilo de vida de un país desarrollado, el asunto es peor, porque la población no cuenta con programas gubernamentales de prevención y orientación en los medios de comunicación para alejar a sus ciudadanos del vicio. El gobierno prefiere gastar millones de pesos del erario en anuncios publicitarios para resaltar las figuras de sus incumbentes.

Por falta de orientación y de fuentes de empleos es que muchos vecinos de los barrios se convierten en cómplices de quienes tienen sus “puntos” de ventas en un 60% de las barriadas del país. Los narcos son “bondadosos” con ellos y estos a su vez necesitan llevar alimento a sus hijos. Reciben dinero sin hacer nada, pero ignorando que el narco los está comprando para cuando sea necesario un favor del vecindario. Razón por la que en algunos barrios las autoridades encargadas del perseguir este delito son apedreadas por residentes del sector.

En pocos años, tendremos una población con un alto índice de personas - jóvenes y adultos- con problemas mentales relacionados con el consumo de drogas, y este mal afecta a quienes las consumen directamente y hasta a los hijos que nacen de estos. El Estado tendrá que gastar millones, ya no de pesos, sino de dólares para rehabilitar a una población víctima del alto consumo de drogas y ocasionado por la permisividad de las autoridades y por falta de programas gubernamentales de prevención y orientación sobre este flagelo.

EN LA SOCIEDAD ACTUAL

En la sociedad actual no se puede negar que el narcotráfico está presente en todas las esferas sociales del país. No hace mucho tiempo el ex-presidente Hipólito Mejía -que también tiene su cuota de culpa- decía que el auge de la droga era tan elevado que los paquetes caían en los pies de los funcionarios en el Palacio Nacional, el Consejero Gubernamental para Asuntos de Drogas, el Dr. Vincho Castillo, denunciaba que en los partidos políticos aspiraba un 30% de candidatos ligados al narcotráfico, también el Dr. Guido Gómez Mazara fue más lejos al denunciar que el actual síndico de Villa Isabela, en Puerto Plata, había sido deportado desde Estados Unidos por cargos de drogas y sin embargo es un dirigente del PLD y disfruta una posición electiva.

Las leyes dominicanas son débiles y hasta excluyentes para castigar al narcotráfico. Las mismas se aplican de acuerdo al grado de influencia que tengan los acusados. Las autoridades encargadas de combatir ese flagelo, cuando apresan a alguien relacionado con algún alijo de drogas, son ellos quienes se niegan a ofrecer la identidad de los supuestos acusados, desde ahí se inicia una especie de favoritismo originado por la influencia de éstos -los acusados- en la sociedad. Muchas veces esos delincuentes son liberados mucho antes de ser llevados a los tribunales.

En el país se deben crear las condiciones para que cada candidato demuestre con documentos -recibos de compra, de venta, de contratos y aportaciones- cada “chele” usado en su campaña, que la JCE pueda hacer una especie de arqueo (inventario) del origen de los fondos usados en su campaña. De no ser así, tendremos el primer país del mundo donde la honestidad, la seriedad y la moral será un principio perseguido por sus autoridades, surgidas como fruto del narcotráfico.

Hacer esto es fácil, ya que el candidato debería mostrar cuantos pagó en afiches, en propaganda política y personal de apoyo, para compararlos con la declaración de bienes que previamente -al ser elegido como candidato por su partido o agrupación- debería depositar en la propia JCE y si después de la declaración de bienes recibe alguna aportación extra de alguien o institución debe ser por cheques, nunca en efectivo.

Que las penas, tipo de multas y encarcelamiento para los incumbentes de posiciones gubernamentales sean dobles. O sea que si las leyes actuales establecen que cualquier ciudadano común es encontrado con un kilo de droga sea condenado al pago de 1 millón de pesos y a 5 años, pero si ese ciudadano es un senador, diputado, sindico, regidor, funcionario, esto incluye hasta a un sereno o mensajero perteneciente al tren gubernamental, entiéndase miembro de cualquiera de los poderes del estado (judicial, ejecutivo o militar) debe ser condenado a 2 millones de pesos y 10 años de prisión de manera automática e inapelable. Esto es sólo un ejemplo de como las autoridades gubernamentales, las autoridades congresuales deben legislar para dar muestra de una voluntad real de combate al narcotráfico.