Sábado  20 de Enero de 2018 | Última actualización 07:40 AM
Delincuencia e Inseguridad en RD
Por: RUBEN MORETA | 7:36 PM

La inseguridad es la principal preocupación de los dominicanos y dominicanas. La sociedad manifiesta una sensación de hartazgo frente a los ataques de los antisociales y la desprotección que le da el Estado a los ciudadanos/as que juraron proteger.

Nadie está seguro ni dentro ni fuera de su casa, porque teme que en cualquier momento pueda ser atacado por un ladrón o asaltante, capaz de despojarte de su teléfono móvil, cartera, prendas, espejuelos, sortija profesional, el vehículo, la motocicleta, la “pasola” o uno “tenis” de marca reconocida.

La inseguridad no es solo un fenómeno de los barrios marginados, sino que en los sectores de clase media y clase alta, los asaltos van en aumento.

Hoy en restaurantes “chip y caros” también se producen ataques de ladrones.

En las comunidades rurales, otrora lugares tranquilos, acostumbrados a la vida simple, el fenómeno delincuencial está pegando muy duro, con robos de cosechas y cuatrerismo.

La Policía actúa siempre de forma reactiva, privilegiando perforar a balazos a supuestos delincuentes.

La uniformada ha matado a siete mil jóvenes en los últimos quince años, utilizando la excusa de que mató en “intercambios de disparos”.

La agencia del orden público prefiere tomar el camino corto: acribillar a balazos a los supuestos delincuentes, sin agotar el debido proceso penal. Al actuar con este paradigma de fuerza y sangre se sepultan los derechos civiles consignados en nuestra Constitución.

Con marcado énfasis, los altos mandos del cuerpo del orden esgrimen que los tribunales de justicia están siendo permisivos, dejando en libertad a elementos reincidentes en la comisión de delitos.

La verdad, la dura verdad, es que a través de estas matanzas de civiles –o limpieza social como he denominado a esta acción- el gobierno quiere esconder que ha reprobado la asignatura de brindar protección a los ciudadanos, y cree que con “mano dura” y “dándole pa’ bajo” a supuestos rateros van a conjurar la inseguridad ciudadana. La salida debe ser la aprehensión del supuesto delincuente, su sometimiento a la justicia y con los medios de prueba acumulados, lograr una condena ejemplalizadora en los tribunales ordinarios.

Solo recordar que los crímenes extrajudiciales están contundentemente sancionados por la resolución No. 44-162 de la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas, evacuada el 15 de diciembre del 1989.
Cada año los organismos y ONG internacionales vigilantes de los derechos humanos nos condenan, llevando al país a la hoguera mediática por sus reiteradas violaciones de los derechos fundamentales.

En nuestro país falta examinar el modelo socioeconómico asimétrico vigente, que en los últimos cincuenta años de crecimiento de la economía no ha producido movilidad social, no genera empleos de calidad y ha profundizado la brecha entre ricos y pobres. Ahí comienza la cuestión.
El autor es Profesor UASD.

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