Algunos recordarán que en el preludio de las elecciones presidenciales de los Estados Unidos, en noviembre de 2004, cuando las encuestas de opinión colocaban al candidato del Partido Demócrata, John Kerry, con algunos puntos porcentuales por encima del candidato del Partido Republicano, George W. Bush, quien buscaba mantenerse en el poder por un segundo periodo consecutivo, apareció en los medios informativos norteamericanos un vídeo inesperado en el que aparecía la ya legendaria figura del líder del grupo Al Qaeda, Osama Ben Laden, lanzando una serie de amenazas contra esa nación.

Solamente bastó la presencia y difusión del referido vídeo para que muchos indecisos se inclinaran a favor de la reelección del presidente Bush, lo cual terminó dándole la victoria sobre un oponente que no supo encontrar la reacción adecuada que revirtiera el “Efecto Ben Laden” a favor de los republicanos.

En la República Dominicana, recientemente, aparecieron unos alumnos aventajados de los estrategas republicanos, puesto que, apenas a un día de la fecha en que el Presidente de la República se preparaba para introducir cambios importantes en el gobierno, durante el desarrollo del programa radial “El Gobierno de la Mañana”, de amplia difusión a nivel nacional, se produjo la inesperada llamada del criminal que ha ocupado las primeras páginas de todos los medios informativos desde que se conoció, a nivel público, su existencia y operaciones: José Figueroa Agosto. Su llamada se produjo en momento en que el rumor público daba por hecho la remoción de importantes figuras del ámbito policial.

Pero Figueroa Agosto no sólo llamó para cuestionar las investigaciones realizadas contra él, sino para amenazar a autoridades, citadas por nombres y apellidos, con tomar represalias contra ellas.

Dada esa situación, ¿se atrevería el Poder Ejecutivo a emitir los decretos removiendo de sus cargos a quienes están involucrados en la investigación sobre el caso de Figueroa Agosto?

Lo peor de este caso es que, de ahora en adelante, cualquier funcionario, civil o militar, que tenga la oportunidad de recurrir a semejante estrategia para permanecer en su cargo, lo hará sin ninguna reserva ética o moral.

¡Bienvenidos a la era de la amenaza como recurso de disuasión!